• Contrataciones públicas, el PNUD, y la corrupción

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    El tema de la fiscalización de las actividades públicas es complejo y sensible en un país en que las sospechas de corrupción nunca están muy lejos. Las contrataciones por supuesto son una de las áreas donde el control es necesario. Medidas y precauciones previas, con las necesarias reglas y procedimientos que deben aplicarse, y fiscalización a posteriori a través de auditorías y controles que se pueden ejercer sobre operaciones realizadas.

    En este contexto, es muy delicado el problema apuntado por el actual director de Contrataciones Eduardo de Gásperi, en esta nota del diario ABC Color.

    Para el Programa de Fortalecimiento para el Desarrollo de los Centros de Justicia, la Corte Suprema, a través de un convenio, cedió al PNUD crear y mantener en funcionamiento una unidad de ejecución del programa de mejoramiento de la infraestructura edilicia del sistema judicial paraguayo. El presupuesto que maneja el organismo internacional para este efecto es de US$ 23.041.805.
    (…)
    Eduardo de Gásperi, titular de Contrataciones, califica como una pérdida de soberanía que las instituciones públicas le entreguen al PNUD el manejo de sus licitaciones, refiriéndose al caso de la Corte. Sostiene que los más afectados son los oferentes y la ciudadanía, quienes no pueden acceder a la información de los procesos de compra.
    Amparados en un acuerdo internacional de cooperación firmado en 1977 entre nuestro país y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), logran que algunas instituciones públicas cedan la tarea de realizar sus licitaciones al organismo internacional, totalmente al margen de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, explicó De Gásperi.
    (…)
    El funcionario sostiene además que cuando una licitación es manejada por el PNUD, automáticamente se sale del sistema natural de control por parte de los organismos del Estado. “Salimos del sistema, sale Contrataciones, sale Contraloría y sale la prensa, ya que no se tiene toda la información que está normalmente en el portal”, declaró.
    Aclaró que en ningún caso acusa que el PNUD no sea claro en su manejo, pero dijo que se violenta la cultura que se fue instalando en los procesos de compras que es la posibilidad de que cualquier persona tenga acceso a la información.

    El problema no es nuevo. Desde los años 90, a través del mismo tipo de convenio, las instituciones públicas paraguayas han realizado también numerosas contrataciones de personal, escapando de hecho a las reglas que rigen para los empleados públicos, tanto en términos de salarios como de estabilidad laboral. Puedo testimoniar de ello, pues he personalmente trabajado como asesor del secretario de planificación de 1996 a 1998 bajo el amparo de un contrato de esta naturaleza.

    Ahora, en ambos casos, la problemática es la siguiente. Escuché en muchas oportunidades el criterio según el cual dicho procedimiento era beneficioso precisamente en la medida que evitaba el manejo directo de fondos por las instituciones locales. El argumento se resumía en cierta forma a decir que en un contexto notoriamente corrupto y caracterizado por normas anticuadas e ineficientes, entregar la gestión de los fondos al PNUD limitaba los abusos y flexibilizaba las operaciones. En cierta forma, se pagaba una prima a terceros para evitar malversaciones y ineficiencia!

    Esto señala dos cosas. En primer lugar cabe preguntarse cuando llagará el momento en que la evolución del entorno institucional será suficiente para justificar que no se recurra más a dicha tercerización, como la llama De Gásperi. Nótese que desde la adopción de la ley 2051/03, el entorno institucional de las contrataciones públicas ha progresado de manera importante, ofreciendo a las autoridades y al público en general (prensa, empresarios, ciudadanos) herramientas para monitorear las operaciones de compra del Estado. De hecho, como investigador he tenido acceso irrestricto a los datos de contrataciones para fines de investigación.

    Lo más importante entonces es la pregunta de saber si no ha llegado el momento en que la supervivencia de la práctica de la tercerización, por ejemplo a través del PNUD, no está más bien frenando el proceso de apertura que vive el Paraguay. En este caso, ante de estar ayudando al control de la corrupción, dicho mecanismo podría ya haberse convertido en uno de sus últimos refugios. De hecho, el hecho que sea la Corte Suprema que lo utilice, dado la imagen muy degradada de dicha institución*, es un indicio que soporta esta hipótesis.

    * Aunque aquí quiero precisar que no pongo al mismo nivel todos sus integrantes, como ya lo mencionaba en dicho post anterior sobre el ministro Luis María Benítez Riera.

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